En general, el objetivo de los participantes en esta obra es proponer una lista, no exhaustiva, de posibilidades de análisis y de conclusiones particulares acerca de un evento que no solo es de alcance jurídico, sino que tiene, sobre todo, una repercusión social. Independientemente de que realmente los órganos estatales se ajusten completamente a ella o no, la Constitución no perderá el enfoque humanista que ha adoptado y esto será siempre positivo en la evolución normativa de México.

La investigación estudia cómo el Ius Constitutionale Commune latinoamericano regula los estados de excepción, los estándares internacionales en la materia y su vinculación con el núcleo intangible de los derechos humanos, para de seguida analizar cuál fue la respuesta por parte de los gobiernos de la región a la pandemia COVID-19.

Así, los autores clasifican a los países de América Latina entre aquellos que invocaron los estados de excepción, las facultades constitucionales especiales del Poder Ejecutivo o la legislación ordinaria como la base de sus actuaciones, aunado a aquellos Estados donde a nivel regional y local hubo un ejercicio de poderes importante y los Estados donde, lamentablemente, la respuesta fue abiertamente contraria a la Constitución y los derechos humanos. Finalmente, exponen qué tan acertadas fueron las medidas estatales de acuerdo con el derecho convencional al abordar aspectos como la garantía de los derechos humanos en las declaraciones de emergencia; las condiciones para la proclamación de un estado de excepción; el cumplimiento de la obligación de información y los principios de legalidad, proporcionalidad y temporalidad; y los controles sobre la excepción, destacando las buenas prácticas observadas y algunas propuestas de reforma que podrían fortalecer el Estado de Derecho en la región frente a supuestos de hecho como el analizado.