El informe tiene como finalidad el dar a conocer, de manera sistematizada, los estándares propuestos por la Corte Interamericana en materia de los derechos de jueces y fiscales en los procesos de remoción y su relación con la independencia judicial, con especial énfasis en las sanciones y destituciones contra jueces y fiscales en América Latina. Estos estándares se han desarrollado a partir de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referidos a las garantías judiciales y acceso a la justicia, respectivamente.

En este artículo se desarrollan perspectivas críticas al derecho a la protesta social en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, se hace una sistematización del estado actual de la jurisprudencia señalando los aspectos más tratados: la situación de vulnerabilidad de las defensoras y los defensores de derechos humanos, su relación con otros derechos, los estándares para el uso de la fuerza estatal en contextos de disturbios y las condiciones para la responsabilidad estatal por actos de terceros. Seguidamente, se presentan distintas teorías de la democracia para analizar el derecho a la protesta, lo que permite mostrar algunas de las insuficiencias de la jurisprudencia de la Corte. La crítica gira en torno a la incapacidad del sistema interamericano por garantizar plenamente este derecho, el mismo que es ejercido de manera colectiva por lo movimientos sociales en defensa del territorio, apelando a acciones que combinan estrategias legales e ilegales, así como medios pacíficos y violentos.