El difícil problema que pretendemos poner de relieve es focalizar las facultades decisorias de la Corte Interamericana de Derecho Humanos (Corte IDH ) en su relación con los supremos tribunales de los diversos países que se han plegado al modelo del Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, lo que buscamos saber es si aquel cuerpo regional estaría en condiciones de “dejar sin efecto” o “revocar” los pronunciamientos de las más altas cortes domésticas. Esta cuestión se ha planteado recientemente en la Argentina, donde la Corte Suprema le disputa parte de la competencia al Tribunal Interamericano, sosteniendo que, si bien las sentencias de éste son obligatorias, dicho organismo no puede “casar” o “dejar sin efecto” decisiones judiciales locales. Desanudar esta madeja es trascendente porque se discuten en definitiva las potestades de estos órganos; y en tal cuestión no se puede albergar hesitación alguna porque hace a la distribución de competencia de ambos tribunales, uno nacional y otro supranacional; y además implica resolver si para cumplir con los fallos interamericanos es necesaria una especie de “contralor previo” por parte de los más altos cuerpos jurisdiccionales domésticos.

Desde su publicación, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH ha sido empleada como parte de los argumentos para exigir a los Estados que cumplan con reconocer los derechos de las personas LGTBI. Como contraargumento, se ha afirmado que las opiniones consultivas no son vinculantes, pues no deciden un caso concreto. En esta publicación, Carlos Zelada, profesor de la Universidad del Pacífico y experto en Derecho Internacional, responde la pregunta planteada.