La histórica republicana de Ecuador, data que hemos vivido en un proceso de varias Constituciones Políticas, cada una de ellas representaba el anclaje al conservadurismo y liberalismo, apegado al modelo de matrimonio representativo de la Antigua Roma. Es, por tanto, que el modelo de matrimonio heterosexual, se ha visto representado en todas nuestras Constituciones, e inclusive en la moderna Constitución del año 2008, que es el sinónimo del “garantismo”. Por ello, dentro del presente artículo científico, se denota a prima facie la vulneración de los derechos a los grupos denominados LGBTI en nuestro contexto normativo; y por otro lado se visualizará como un Instrumento Internacional de los Derechos Humanos-Corte IDH-, mediante una Opinión Consultiva- OC- 24/17-, exteriorizo a todos sus Estados suscritos al Convenio, la no discriminación e igualdad frente a la figura tradicional del matrimonio a las parejas homosexuales. Finalmente, se dará el estudio a la Sentencia Nº 10-18-CN/19 de la Corte Constitucional de Ecuador, la cual tomo esta opinión consultiva como vinculante, y mando a reformar en nuestro contexto normativo a la “institución jurídica” del matrimonio, en aras de respetar el modelo constitucional vigente, que toma a los Instrumentos Internacionales de D.D.H.H, en igual jerarquía que nuestra Constitución.

Este artículo aborda la importancia que tiene la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su carácter interpretativo y vinculante dentro de los sistemas normativos internos de cada país que han suscrito los tratados y convenios internacionales -tal es el caso colombiano-. El desarrollo del criterio de Plazo Razonable como garantía sustancial y procesal parte de la protección de los Derechos Humanos de las personas privadas de manera preventiva de la libertad, la cual debe ser incorporada en la legislación interna y aplicada de manera obligatoria por los órganos judiciales. Se concluye que en el Estado colombiano, a pesar de nunca haber sido condenado por algún caso en que se demuestre la duración excesiva de la detención preventiva como medida cautelar, sí existen antecedentes jurídicos que evidencian su uso. Algunos casos han sobrepasado el plazo razonable que limita la duración de la medida teniendo en cuenta las sentencias de la Corte contra otros países respecto a este motivo como causal de vulneración de derechos humanos y sobre las valoraciones periódicas acerca del uso de la prisión preventiva en las Américas.