La protección de los derechos humanos en Latinoamérica requiere de acciones en múltiples niveles y los poderes legislativos interamericanos están llamados a ser actores centrales para lograr este fin. El lenguaje y la aplicación de los derechos no son solo de los poderes judiciales, sino que también deben estar en la primera línea de la agenda de los representantes más inmediatos del pueblo. Con el objetivo de elaborar un documento de difusión tanto para los legisladores de la región como para la ciudadanía en general, en el Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la KAS se ha preparado el presente policy brief con el diagnóstico preliminar de la utilización del control de convencionalidad en el proceso legislativo.

El propósito del documento es presentar un parámetro de caracterización de una buena práctica y aplicarlo al principio rector de remediación, en el cual se consideran criterios internacionales y nacionales que incluyan además estándares de responsabilidad social empresarial (RSE). Para lograrlo, se incluyen casos de diferentes sectores económicos. El estudio aborda los siguientes aspectos: primero, se desarrollan los conceptos básicos de rse y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 2011; luego, la remediación en derechos humanos (DD. HH.), su relación con la reparación judicial y administrativa y, después, se definen las buenas prácticas y la remediación y se llevan a cabo análisis sobre los casos seleccionados. Además, concluye que se deben visibilizar las acciones que se desempeñan en virtud del principio de remediación, puesto que estas dan cuenta del éxito de su labor en la implementación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos y de las acciones en RSE. Es necesario enfatizar en la remediación en la política nacional de empresa y DD. HH. para posibilitar el entendimiento y emprendimiento de las compañías en la materia. Tras el desarrollo de la investigación, se recomienda la creación de lineamientos de políticas públicas que potencialicen la presencia de buenas prácticas en remediación y generen un acercamiento con las empresas, para buscar que dejen atrás la percepción negativa de la remediación y, en consecuencia, empiecen a visualizarla como un mecanismo de mejora. Asimismo, es necesaria la capacitación del sector empresarial al respecto, con especial énfasis en el núcleo de remediación y sus beneficios.