Una cosa es afirmar que un sujeto merece un castigo, otra que ese castigo es necesario para prevenir delitos futuros, y otra bien distinta que la instancia de imputación tiene la autoridad moral y/o política requerida para imponerlo. El presente artículo trata de analizar el modo en que las teorías de la pena, tradicionales y contemporáneas, han abordado la tercera cuestión, a la que nos referiremos como «problemática política del castigo»; en segundo lugar y en ese marco, trata de cuestionar la legitimidad del Estado para castigar a aquellas personas cuyos delitos están conectados a una injusticia que él mismo ha producido o tolerado. Analizada la cuestión en el nivel de la teoría de la pena, el artículo llama la atención sobre la necesidad de proponer una articulación dogmática para esa nueva forma de deslegitimación, concretamente a través de la noción de inexigibilidad.