La búsqueda de una definición general absoluta para caracterizar la función de los jueces, válida para todos los casos en todos los países y en todas las épocas, es imposible. Se debe conformar con aproximaciones generales. El papel de los jueces en una sociedad determinada no puede ni debe resolverse por lo que hace cuatro siglos hayan dicho Coke o Bacon en Inglaterra a favor de sus respectivos intereses políticos, ni por lo que hace 250 años haya sostenido Montesquieu con el propósito de disminuir el despotismo de los reyes, ni por lo que dijo John Marshall hace 200 años en la resolución que dictó en el caso Marbury vs. Madison con el propósito de acrecentar su poder político. La única forma adecuada de precisar cuál debe ser el papel de los jueces en una determinada sociedad, es plantear el tema de una manera totalmente abierta, sin dogmas y sin prejuicios, viendo únicamente lo que conveniente para la mayoría de la población y para las minorías disidentes en diferentes circunstancias, a fin de determinar cuáles son los poderes que deben prestárseles a los jueces, sus límites y las medidas indispensables para evitar su abuso.