El 17 de marzo de 2017, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense anunció la licitación de uno de los muros más grandes del planeta: una construcción de nueve metros de alto que completaría la barrera a lo largo de la frontera más transitada del mundo, a través de terreno montañoso, desierto y llanuras de pasto regadas por un gran río serpenteante. Quizá más que el muro físico en sí, lo realmente importante es el inhumano muro de crueldad que esta barrera representa. Este informe examina las implicaciones de la orden ejecutiva dictada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 25 de enero de 2017, titulada “Mejoras a la Seguridad Fronteriza y el Control de la Inmigración”, que no sólo pedía la construcción de un muro, sino que además ordenaba medidas que afectarán a miles de personas vulnerables, muchas de las cuales no tienen más opción que huir de su país para salvar la vida. Esta orden ejecutiva está siendo implementada por el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias del gobierno de Estados Unidos, y viola tanto el derecho internacional como las normas internacionales de derechos humanos, pues permite devolver a personas a situaciones en las que su vida corre peligro, y permite también incrementar la detención de solicitantes de asilo y familias por periodos indefinidos de varios meses. Además, este informe demuestra el papel que el gobierno mexicano desempeña en la repetición de estas violaciones de derechos humanos contra miles de solicitantes de asilo que huyen de la violencia extrema del Triángulo Norte de Centroamérica (compuesto por Honduras, El Salvador y Guatemala) y que, en muchos casos, tienen derecho a recibir la condición de refugiado en México o en Estados Unidos. De hecho, el informe se publica coincidiendo con una conferencia de alto nivel sobre cuestiones de seguridad y gobernanza relativas al Triángulo Norte, organizada por los gobiernos de Estados Unidos y México en Miami del 14 al 16 de junio de 2017.