El caso se relaciona con la presunta desaparición forzada de Juan Carlos Flores Bedregal, dirigente del Partido Obrero Revolucionario y diputado nacional, y la alegada impunidad en la que se encontrarían estos hechos. Su desaparición habría tenido inicio de ejecución en el marco del golpe de Estado de julio de 1980 por fuerzas militares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que, si bien se adelantaron procesos que culminaron con sentencias condenatorias, hasta la fecha no habría existido un esclarecimiento completo de lo sucedido con la presunta víctima, incluyendo el paradero de sus restos mortales, situación que ha obedecido a la activación de múltiples mecanismos de encubrimiento. Al respecto, la Comisión estableció que la existencia de indicios sobre la muerte del señor Flores Bedregal no modificaría la calificación jurídica de desaparición forzada ya que, a 38 años de su desaparición, los familiares no contarían con información ni acceso a los restos mortales de manera que tengan certeza de cuál fue su destino. Asimismo, determinó que ni el juicio de responsabilidades que culminó en 1993 ni la sentencia condenatoria dictada en el año 2007 habrían constituido un recurso efectivo para lograr el esclarecimiento de la verdad sobre lo ocurrido con el señor Flores Bedregal. Por último, la Comisión concluyó que el Estado boliviano no habría cumplido hasta la fecha con su obligación de obtener, producir, analizar, clasificar, organizar y facilitar a la sociedad en su conjunto el acceso a los archivos militares relacionados con graves violaciones de derechos humanos del pasado reciente, lo que habría tenido un impacto directo en la manera en que el Estado respondió a las solicitudes específicas de los familiares de Juan Carlos Flores Bedregal.

Corte IDH. (2018) Caso Flores Bedregal y otros Vs. Bolivia. Recuperado en https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/74467