El caso se relaciona con las alegadas violaciones ocurridas en el marco de un proceso disciplinario, que terminó con la destitución de Héctor Fidel Cordero Bernal de su cargo de Juez Cuarto Especializado en lo Penal de la Ciudad de Huánuco, Perú, en 1996. La destitución se produjo como consecuencia de una decisión en la que el señor Cordero Bernal concedió la libertad incondicional a dos procesados. Se alega que el Estado violó el principio de legalidad, debido a la significativa amplitud y vaguedad de la causal por la que se destituyó a la presunta víctima y porque dicha causal hacía referencia a un hecho grave que "sin ser delito" comprometiera la dignidad del cargo, aunque se adelantaba paralelamente un proceso penal por los mismos hechos. Además, se argumenta que se desconoció el principio de favorabilidad, porque coexistían dos normas, una que permitía la imposición de la sanción de destitución únicamente cuando el funcionario ya había sido sancionado con suspensión, y otra que no exigía previa suspensión. Sin embargo, presuntamente el ente disciplinario optó por aplicar la norma desfavorable a los intereses del señor Cordero Bernal.Por otra parte, se arguye que el Estado violó el principio de independencia judicial y el derecho a contar con decisiones motivadas. Esto, porque la presunta víctima fue destituida por emitir una decisión que otorgaba libertad incondicional, y porque el fallo sancionatorio no ofreció una motivación adecuada sobre las razones por las que la decisión emitida por el señor Cordero Bernal requería de control disciplinario. También se aduce que el Estado desconoció el derecho de la presunta víctima a recurrir el fallo y el derecho a la protección judicial, porque del marco normativo y del contenido de las decisiones se desprende queno existía un recurso administrativo o judicial para obtener la revisión del fallo sancionatorio y porque los órganos competentes no hicieron un examen integral de la decisión de destitución. Finalmente, se alega que el Estado violó los derechos políticos del señor Cordero Bernal, al ser separado del cargo en un proceso en el que presuntamente se cometieron violaciones al debido proceso y se desconoció el principio de independencia judicial, lo cual habría afectado su derecho de acceso y permanencia en condiciones generales de igualdad en un cargo público.