El caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado de Argentina por la presunta falta de indemnización del señor Rufino Jorge Almeida por el tiempo que habría permanecido bajo un régimen similar al de libertad vigilada ("libertad vigilada de facto") durante la dictadura cívico-militar. Se alega que el señor Almeida fue secuestrado el 5 de junio de 1978 por integrantes de las Fuerzas Armadas y detenido ilegalmente por 54 días en el centro clandestino de detención "El Banco", donde fue torturado. Luego de su liberación, se argumenta que fue sometido a una libertad vigilada de facto hasta el 30 de abril de 1983. En 1995, el señor Almeida presentó una demanda administrativa por dichos hechos bajo la Ley No. 24.043 que otorgaba beneficios a las personas que hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo nacional o detenidas en virtud de actos emanados de tribunales militares durante la dictadura. El Ministerio del Interior reconoció su derecho a la indemnización por 54 días de detención ilegal pero no por el período de libertad vigilada de facto, por no estar dicho supuesto contemplado en la ley. El recurso de apelación y el recurso extraordinario interpuestos por el señor Almeida fueron rechazados. Con posterioridad a un cambio jurisprudencial mediante el cual los tribunales comenzaron a indemnizar casos de libertad vigilada de facto, el señor Almeida presentó, en 2006, un recurso de revocatoria contra la resolución inicial. Este recurso fue rechazado, ya que, según la Administración, no existían elementos probatorios que acreditaran la existencia de una libertad vigilada al momento de resolverse la situación administrativa y judicial del señor Almeida. Posteriormente, la esposa del señor Almeida, quien fue detenida con él y permaneció en libertad vigilada de facto en idénticas condiciones, y a quien también se la había indemnizado por los 54 días de detención ilegal, recibió el beneficio de la Ley No. 24.043 por el tiempo de la libertad vigilada de facto. Se argumenta que la exclusión de ciertos tipos de casos de los supuestos de la Ley No. 24.043 no resultaría per se violatoria del derecho a la igualdad ante la ley, siempre y cuando dicha exclusión responda a una justificación objetiva y razonable, y resulte proporcional a los fines perseguidos. Asimismo, se alega que ante la falta de explicación del Estado sobre el carácter objetivo y razonable de la exclusión en el presente caso, la misma resultaría violatoria del derecho a la igualdad ante la ley. Además, se indica que este análisis se enmarcaría en un contexto de reconocimiento por parte de autoridades ejecutivas y judiciales en Argentina de la deficiencia de la redacción de la Ley 24.043 para proteger adecuadamente el derecho a la indemnización a las personas que deben ser tratadas en igualdad de condiciones. Por dicho motivo, se objeta que el Estado sería responsable por la violación del artículo 2 de la Convención Americana respecto de la exclusión de la libertad vigilada de facto dentro del alcance de la Ley 24.043, situación que, en términos generales, fue corregida con posterioridad mediante interpretación judicial. Por último, se arguye que el señor Almeida no contó con un recurso efectivo con las debidas garantías frente a la alegada violación del derecho a la igualdad ante la ley en el marco del primer proceso administrativo y en los recursos judiciales.

Corte IDH. (2019) Caso Almeida Vs. Argentina. Recuperado en https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/74673