El caso se relaciona con la alegada violación a la integridad psíquica y moral de la madre y el padre de Márcia Barbosa de Souza, quien fue presuntamente asesinada por el señor Aércio Pereira de Lima, un ex diputado estatal. Se argumenta que la inmunidad parlamentaria habría provocado un retraso exorbitante en el proceso penal; la investigación y el proceso penal habrían durado 9 años. Además, se alega la violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, y a los principios de igualdad y de no discriminación, en relación con el derecho a la vida.
