A colombia no se le olvida la noche del 7 de febrero de 2003, en el que, tras la utilización de métodos y medios prohibidos de guerra, un carro bomba instalado en el club El nogal, ubicado al norte de bogotá, dejo la lamentable e indígnate cifra de 37 muertos y 198 heridos. Vale la pena mencionar que, por esta grave infracción al Derecho internacional Humanitario, los máximos responsables de la extinta guerrilla de las farc reconocieron en su momento, la responsabilidad de este crimen ante los familiares de las víctimas y la opinión pública. sin embargo, en agosto del 2018, el consejo de Estado emitió por estos hechos, una condena contra la nación representada en el Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, la fiscalía general de la nación y el otrora Departamento Administrativo de seguridad (“condenan a la nación [...]”, 2018). ya anteriormente tres procesos en el tribunal Administrativo de cundinamarca habían negado en su momento las pretensiones de los familiares de víctimas de ese acto de terrorismo, sin embargo, el consejo de Estado consideró que la nación era legalmente responsable. la sentencia fijo un monto a pagar por más de $2.570 millones y adelantar actos de reconocimiento de responsabilidad por cuenta del carro bomba. Pero antes de entrar a analizar el actuar del Estado con sus entidades frente a los hechos y concluir que no existió omisión por parte de aquellas, se debe precisar lo siguiente. El Estado ha actuado con la diligencia y cuidado, así que, toda vez que grandes han sido sus esfuerzos por proteger la población civil, exponiendo a diario la vida de los policías y militares que día y noche protegen la población civil, por lo que no sería posible imputar responsabilidad alguna. Ahora bien, la posibilidad de evitar el daño se concreta en el aforismo jurídico de que “la ley no exige lo imposible” y que responde a varias eventualidades, entre ellas: a) Que no se conozca el peligro; b) Que conociéndolo no sepa cómo evitarlo; y c) si a pesar de conocerlo y saber cómo evitarlo no puede obrar. En el caso específico, se debe establecer claramente y con base en las pruebas legalmente recaudadas, si de acuerdo con las circunstancias que rodearon los hechos se le puede formular un juicio de reproche al Ministerio de Defensa nacional y las demás entidades del Estado al considerarse que pudiendo evitar el daño causado, no lo hizo.