En una decisión que no dudamos en calificar de histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado peruano por su responsabilidad en la matanza de  Barrios  Altos  y la expedición de leyes  de impunidad. El  pasado 14 de  marzo  del  2001,  el  órgano  supranacional  resolvió  por  unanimidad  que  el  Perú violó:
a)  el  derecho a  la vida, consagrado en el artículo  4 de la Convención  Americana, por la ejecución de quince personas en el inmueble ubicado en el jirón Huanta Nº 840 del vecindario conocido como Barrios Altos (Lima);  
b)  el  derecho  a  la  integridad  personal,  previsto  en  el  artículo  5  de  la  citada Convención,  por  las  lesiones  graves infligidas a  cuatro personas  del  mismo vecindario de Barrios Altos; y,
c) el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos  8  y  25  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos,  en perjuicio de los familiares de las víctimas, a raíz de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía 26479 y 26492, en el mes de junio de 1995.  
La Corte declaró, en consecuencia, que las leyes de amnistía 26479 y 26492 son incompatibles  con  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  y  que carecen  de  efectos  jurídicos.  También,  que  el  Estado  peruano  está  obligado  a investigar la matanza de Barrios Altos y sancionar a los responsables.