El presente caso se refiere a la presunta ilegalidad y arbitrariedad de tres detenciones llevadas a cabo en contra del militar retirado Gonzalo Cortez Espinoza en 1997 y 2000, así como las presuntas afectaciones a su integridad física y vulneraciones al debido proceso en el marco de un proceso penal que se le siguió por “infracciones contra la propiedad”. Se alega que la primera detención fue ilegal en tanto el Estado no explicó las razones por las cuales la Fiscalía Militar tenía competencia para emitir la orden de arresto del señor Cortez, especialmente tomando en cuenta su calidad de militar retirado. En cuanto a la segunda y tercera detención, se alega que estas también fueron ilegales en tanto no se le exhibió una orden de detención y no fue informado de los motivos de su detención.

En este sentido, se arguye que las detenciones preventivas entre el 30 de julio y el 19 de diciembre de 1997, y entre el 28 de febrero y el 11 de mayo de 2000, el señor Cortez no contó con una motivación individualizada sobre los fines procesales que se pretendían perseguir. Asimismo, se señaló que el señor Cortez no interpuso un recurso de habeas corpus, puesto que, al momento de los hechos, tal recurso debía interponerse ante el Alcalde.

Finalmente, se alega la aparente incomunicación que sufrió el señor Cortez mientras estaba privado de libertad. Por lo tanto, se argumenta la aparente violación a la integridad personal de la presunta víctima.