El presente caso se relaciona con la imposición de una medida de responsabilidad ulterior en contra de los periodistas Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves por la publicación, el 17 de diciembre de 2005, de un artículo periodístico en el diario “La Nación” en el que informaban sobre presuntas irregularidades en el control de la importación de licores hacia Costa Rica en la zona fronteriza con Panamá. Uno de los agentes de policía involucrados en la investigación presentó una querella por el delito de calumnias y “difamación por medio de prensa”, así como una acción civil resarcitoria en contra de los periodistas, debido a la alegada existencia de falsedad respecto a la información publicada. Si bien los periodistas no fueron condenados penalmente por la comisión de un delito debido a la ausencia de dolo, éstos fueron condenados al pago, de forma solidaria, de cinco millones de colones por concepto de indemnización civil por daño moral. Se alega que el artículo 145 del Código Penal y el artículo 7 de la Ley de Imprenta que establecen el tipo penal de “injurias por medio de la prensa” son incompatibles con el principio de estricta legalidad penal y el derecho a la libertad de expresión, al no establecer parámetros claros que permitan prever la conducta prohibida y sus elementos. Si bien no existió condena penal en el caso concreto, se argumenta procedente analizar su legalidad dado que las víctimas fueron sometidas a un proceso con base en dicha normativa y la misma se encuentra actualmente vigente en Costa Rica. Asimismo, se alega que la aplicación del artículo 1045 del Código Civil de Costa Rica, que regula la responsabilidad civil extra contractual, no fue conforme a los estándares interamericanos. Además, señaló que no se cumplió el requisito de estricta necesidad. En virtud de ello, se adujo que el Estado habría incurrido en la violación de los artículos 9 y 13 en relación con el 1.1 y 2 de la Convención Americana.