Este caso se refiere a la alegada la responsabilidad internacional de la República Argentina por hechos relacionados con la muerte de Cristina Britez Arce y la falta de debida diligencia en la investigación y los procesos judiciales adelantados.

La presunta víctima estaba embarazada de nueve meses cuando se presentó al Hospital Público Ramón Sardá de la ciudad de Buenos Aires, donde se le practicó una ecografía que resultó indicativa de feto muerto, por lo que fue internada para inducirle el parto.

Según certificado de defunción, la señora Britez Arce falleció ese mismo día por “paro cardio respiratorio no traumático”. En este caso se alega (i) que el Estado no demostró que hubiera proporcionado a la señora Britez Arce información o recomendaciones específicas de cuidado para prevenir un cuadro de hipertensión, pese a tener conocimiento de su historial de preeclampsia en un embarazo anterior; (ii) que hubo factores de riesgo que no fueron desvirtuados y que los médicos que atendieron a la presunta víctima durante sus controles debieron tener en cuenta; (iii) que la causa de muerte podía haber sido preeclampsia no diagnosticada o tratada; y que, (iv) la investigación no permitió establecer si hubo una actuación adecuada de los médicos en atención a las circunstancias específicas del embarazo. Por lo anterior, se alega que el Estado no acreditó haber actuado de manera diligente ni haber adoptado las medidas razonables para salvaguardar los derechos de la señora Britez Arce, a pesar de los deberes especiales que tenía con ella por su condición de mujer gestante.

En relación con los procesos judiciales, se alega que fue imposible conocer con certeza la causa de la muerte debido a que la autopsia no se realizó inmediatamente. También que las decisiones del nivel interno, tanto en el ámbito penal como en el civil, se basaron principalmente en el resultado de pericias que fueron realizadas con información contenida en la historia clínica, la cual habría sido cuestionada por los familiares de la señora Britez. No obstante, se alega que no hubo ninguna línea de investigación dirigida a establecer si la historia clínica fue o no adulterada. También se argumenta que el proceso penal y el civil no se llevaron a cabo en un plazo razonable. Finalmente, se alega que, debido al sufrimiento y falta de certeza sobre la causa de la muerte, así como el retardo en las investigaciones, el Estado violó el derecho a la integridad personal de los hijos de la señora Britez Arce, quienes para la fecha de su muerte tenían 15 y 12 años de edad.