El paso de una sociedad formalmente igual a una democracia auténticamente paritaria exige una transformación del Derecho y de la Cultura Jurídica en clave de igualdad de género. Es decir, son necesarias nuevas herramientas, conceptos y paradigmas que contribuyan a superar un orden basado en los estatutos diferenciados y jerárquicos de hombres y mujeres. Este objetivo requiere de unos operadores jurídicos, y muy especialmente de quienes ejercen la función jurisdiccional, formados y comprometidos con la igualdad real de mujeres y hombres. Una formación y un compromiso que, a su vez, exige dotar de autoridad al iusfeminismo y someter a revisión crítica algunos de los fundamentos de los modernos Estados constitucionales.