La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sosa y otros desarrollos en el ámbito de la OEA y otros contextos confirman la inadmisibilidad de la discriminación y medidas que afecten negativamente a quienes ejerzan acciones e iniciativas de oposición política, y apoyan la idea de que es inadmisible invocar una errada interpretación del contenido del principio de no intervención en los asuntos de los Estados con el fin de escudarse frente a críticas e iniciativas pacíficas externas, que son admisibles frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos si se cumplen determinadas condiciones, como confirma un análisis del caso venezolano.