El artículo plantea algunas inquietudes sobre el análisis que Gargarella hace de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gelman Vs. Uruguay. Aceptando la idea principal de que las decisiones pueden gradarse según su legitimidad democrática, cuestiona que la Ley de Caducidad uruguaya haya sido legítima en un grado significativo y por tanto haya debido respetarse en su validez por la Corte Interamericana. Ello por cuanto la decisión no fue tomada por todas las personas posiblemente afectadas por la misma. Este principio normativo de inclusión es fundamental para la teoría de la democracia de Gargarella, sin embargo, no fue considerado en su análisis del caso. El artículo explora las consecuencias de tomarse en serio el principio de inclusión y los problemas prácticos que este apareja, en especial respecto de la constitución del demos. Finalmente, propone una alternativa de solución mediante la justicia constitucional/convencional, de acuerdo con un entendimiento procedimental de la misma basado en la participación, según lo pensó J. H. Ely.
