En su art. 26, aborda los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), pero imponiendo a los Estados la obligación de adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr ‘progresivamente’ la plena efectividad de los que derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA1 . Esta redacción implica que los DESCA no eran totalmente operativos ya que tenían que ir afirmándose poco a poco con las tareas que se le imponían los propios países suscritos al modelo de San José de Costa Rica. De ahí que hemos querido traer a colación los fallos de nuestro más alto tribunal regional donde se ‘reperfilan’ ciertos criterios antiguos para darle a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales una sustancia netamente operativa con inmediata vigencia.