El caso se refiere a la alegada responsabilidad internacional del Estado chileno por la aplicación del instituto de la “media prescripción” o “prescripción gradual” en el marco de los procesos penales de 14 peticiones relativas a delitos de lesa humanidad perpetrados contra 48 personas en el contexto de la dictadura cívico-militar chilena. Se alega que, respecto de esas 14 peticiones, la Corte Suprema de Justicia, al intervenir como tribunal de casación penal, decidió atenuar las penas otorgadas a los responsables de los hechos mediante la aplicación, por primera vez, de la circunstancia atenuante de “media prescripción” o “prescripción gradual”, prevista en el artículo 103 del Código Penal chileno. Se indica que dicha disposición es aplicable cuando el responsable del delito se presenta o es hallado luego de haber transcurrido la mitad del tiempo asignado para la prescripción de la acción penal, que, en el caso de los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado, aplicados en los referidos procesos penales, eran de 5 años y 7 años y medio, respectivamente. Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, según la información brindada, habrían sido emitidas entre 2007 y 2010. Se indica que no se encuentra controvertido que el Estado individualizó a los responsables de las graves violaciones perpetradas contra las presuntas víctimas del caso, ni que los delitos cometidos deben caracterizarse como crímenes de lesa humanidad. Señaló que, en los 14 procesos penales, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de aplicar por primera vez la “media prescripción” o “prescripción gradual” tuvo como efecto concreto una sensible disminución en el monto de la pena de prisión impuesta a cada uno de los condenados en las instancias inferiores. Asimismo, como efecto de dicha decisión la Corte Suprema otorgó en varios casos los beneficios de “remisión condicional de la pena y libertad vigilada”, con lo que las personas condenadas no fueron encarceladas. Se argumenta que el Estado no ha proporcionado una justificación razonable que permita entender por qué la disminución de la pena sería compatible con la Convención Americana. Se alega que el criterio aplicado, para los efectos de establecer el momento a partir del cual se comenzaría a contar el plazo correspondiente a la “media prescripción”, se obvió el carácter permanente de la desaparición forzada de personas. Se argumenta que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia resultaron “manifiestamente inadecuadas frente a la gravedad de los delitos cometidos”, a la vez se alega que se vulneró el deber del Estado de sancionar los delitos de lesa humanidad cometidos.