En el presente comentario se exponen algunas consideraciones sobre la sentencia n.° 233 (serie c) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 01 de septiembre de 2011, la cual resuelve la petición del ciudadano venezolano Leopoldo López Mendoza, quien en 2008 fue inhabilitado para el ejercicio de la función pública por parte de la Contraloría General de la República, principal órgano del sistema nacional de control fiscal del Estado venezolano. En consecuencia, se analiza la procedencia de inhabilidades públicas impuestas en sede administrativa conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los alcances y límites de los derechos políticos contemplados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
