Desalojo de una persona que reside legalmente en el territorio de un Estado, por las autoridades públicas. El artículo 32 de la Convención de 1951 estipula que la expulsión de un refugiado puede justificarse sólo por razones de seguridad nacional o de orden público. Los procedimientos conducentes a una decisión de expulsión deben ser justos y equitativos y se deberá conceder al refugiado un plazo razonable para poder gestionar su admisión legal en otro país.
Si no encuentras lo que buscas o crees que se puede mejorar, te invitamos a escribirnos y juntos ampliar el Tesauro Interamericano de Derechos Humanos.
Complete el siguiente formulario y le estaremos respondiendo prontamente.
Corte Interamericana de los Derechos Humanos Dirección: Avenida 10, Calles 45 y 47 Los Yoses, San Pedro, San José, Costa Rica. Horario de atención: L-V 9:00 a 12:00 - 13:00 a 17:00
Teléfono: +506 2527-1600
